En los últimos años, la lucha contra el fraude fiscal se ha convertido en una prioridad para la Agencia Tributaria. Con la aprobación de la Ley 11/2021, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal (conocida como Ley Antifraude), se han introducido importantes obligaciones que afectan directamente a la manera en que las empresas emiten y registran sus facturas.

¿Qué establece la Ley Antifraude?

Uno de los puntos clave de esta normativa es la prohibición de los llamados “programas de doble uso”, es decir, aquellos sistemas contables o de facturación que permiten llevar una contabilidad paralela o manipular datos a efectos fiscales.

La Ley obliga a que todos los sistemas informáticos de facturación garanticen:

• La integridad de los datos.

• La inalterabilidad de las facturas emitidas.

• La conservación y trazabilidad de la información.

En otras palabras: el software debe impedir borrar, alterar o manipular facturas sin dejar rastro.

¿Qué es Veri*factu?

En este contexto surge Veri*factu, un sistema voluntario de emisión de facturas verificables creado por la Agencia Tributaria.

Su objetivo es sencillo:

• Permitir que las empresas emitan facturas electrónicas que se comuniquen en tiempo real (o casi en tiempo real) con la AEAT.

• Asegurar que cada factura queda registrada con un código identificador único y con sello temporal, lo que elimina cualquier posibilidad de manipulación posterior.

Consecuencias de usar Veri*factu

Adoptar Veri*factu tiene varias implicaciones relevantes para las empresas:

✅ Cumplimiento normativo reforzado: garantiza que el sistema de facturación se ajusta a la Ley Antifraude.
✅ Mayor seguridad jurídica: al comunicar las facturas a Hacienda, se reducen riesgos de sanción por incumplimientos en materia de registro.
✅ Transparencia y confianza: facilita auditorías y transmite una imagen de empresa comprometida con la legalidad.

Sin embargo, también conlleva algunas consideraciones:
⚠️ Mayor control fiscal: Hacienda tendrá acceso inmediato a las facturas emitidas, lo que puede aumentar la probabilidad de inspecciones en caso de incoherencias.
⚠️ Costes de adaptación: las empresas deberán adaptar su software de facturación o adquirir programas compatibles con Veri*factu.

Sanciones por incumplimiento

La Ley Antifraude prevé sanciones económicas muy elevadas para quienes utilicen software no certificado o que permita manipulaciones.
Las multas pueden llegar hasta 150.000 euros por ejercicio fiscal si se emplean programas que no garanticen la integridad y trazabilidad de los datos.

Conclusión

La Ley Antifraude y el sistema Veri*factu marcan un cambio importante en la forma en que las empresas gestionan sus facturas. Aunque supone un reto de adaptación tecnológica, también ofrece una oportunidad: operar con mayor seguridad jurídica y demostrar un compromiso claro con la transparencia fiscal.

En un escenario donde la Agencia Tributaria avanza hacia un control digital más estricto, contar con un sistema de facturación que cumpla estas exigencias no es solo recomendable: será imprescindible.